El fin de una herida abierta en el corazón de la capital
- Camila Chong
- 9 ene 2023
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 20 feb 2024
Lo que en un inicio fue construido con el fin de resguardar la seguridad de los residentes de La Molina y evitar la invasión de terrenos, actualmente, marca un abismo entre las clases sociales limeñas. Por ello, luego de varias décadas, el Tribunal Constitucional ha ordenado su demolición.
Escribe: Camila Chong
Ubicado en la cima de Pamplona Alta, el conocido “muro de la vergüenza” se extiende por casi 10 kilómetros, separando a los distritos de La Molina y Surco de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, respectivamente. Su construcción se remonta a la década de los 80s, cuando se instauraron los primeros cimientos como medida de protección de los vecinos de La Molina del grupo Sendero Luminoso; luego, se extendió para impedir el tráfico ilícito de tierras.
Sin embargo, en los últimos años, se le ha cuestionado por ser una clara evidencia de desigualdad en materia de servicios básicos y calidad de vida, ya que, por un lado, se encuentran exclusivas urbanizaciones y, por el otro, asentamientos humanos. En concreto, en 2018, la organización internacional TECHO expuso la precaria realidad: la mayor parte de los asentamientos no posee acceso a la red pública de agua potable y deben abastecerse mediante camiones cisterna, y no cuentan con sistema de alcantarillado ni con acceso estable a energía eléctrica. Es así como, ante la molestia e indignación de los vecinos de VMT, en 2018, se presenta una demanda contra el Municipio de La Molina, a la cual unánimemente el Tribunal Constitucional ha respondido que se derrumbe la edificación en un plazo de 180 días.
Por su parte, el actual alcalde de La Molina, Diego Uceda, manifestó que tomará las acciones legales necesarias debido a que la sentencia representa un riesgo para la seguridad de su distrito. No obstante, Gustavo Gutiérrez, magistrado del TC, afirmó que el cuestionado muro fomenta la discriminación y vulnera el derecho a la libertad de tránsito. También sostiene que es inadmisible el hecho de dividir a los peruanos por clases sociales y que es momento de que los poderes públicos y los civiles busquen el diálogo en el marco de la paz social, la tolerancia y el respeto a las instituciones.
Asimismo, con el fin de disipar la contraposición de posturas, el TC enfatiza que no permitirán que el fallo sea un pase libre para la lotización ilegal de los terrenos, sino que exhortan la dictaminación de leyes que repriman esta actividad ilegal y que, en su lugar, se instalen espacios públicos de disfrute y recreación para la comunidad.
Finalmente, cabe resaltar que esta demolición solo aplica a la zona de La Molina y VMT, por lo que aún queda un largo camino para cerrar definitivamente la brecha que divide a ciudadanos vecinos. Pero, sin duda, la decisión del TC ha significado un gran avance para la lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos y la desigualdad socioeconómica que no deben abordarse de forma aislada.
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