El círculo vicioso del mal menor

Desde décadas atrás, el buen funcionamiento de la democracia en el Perú ha sido controversial por los amplios debates del porqué siempre se termina eligiendo al “mal menor”. ¿Se trata de incapacidad de las autoridades o de ciudadanos políticamente inactivos? ¿Por qué perdura el círculo vicioso del mal funcionamiento democrático en el país?

Escribe: Camila Chong

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La democracia, como sistema basado en la igualdad y libertad de los ciudadanos, conduce a la sociedad hacia un estado de paz y justicia social mediante la elección de un Gobierno representativo. Sin embargo, se evidencia, por un lado, el desinterés de la población por involucrarse en la política y, por el otro, la escasa oferta de candidatos idóneos y comprometidos con el bien común, factores que obstruyen la sostenibilidad del régimen democrático en el país.

Es común que los ciudadanos no se informen adecuadamente sobre los candidatos a funcionarios públicos y que, en lugar de ello, tomen bandos muy polarizados sobre si tal partido es de “izquierda” o “derecha”. En ese sentido, la población elige a su candidato ganador dependiendo de su liderazgo carismático, es decir, de quién le agrade más por su conexión con el público, por su actitud e imagen pública en vez de que sea por la precisión de sus propuestas para el contexto peruano. Y, uno podría pensar en el voto no obligatorio como una solución, pero, en realidad, eso sería una traba para el ejercicio de las libertades civiles y la oportunidad igualitaria de los ciudadanos de participar en las decisiones políticas, o sea, se estarían contradiciendo las propias “reglas” enunciadas por la democracia a conveniencia de ciertos grupos. En todo caso, debería abordarse la problemática desde el enfoque educativo: reducir el nivel de desinformación y no el porcentaje de participación poblacional.

Asimismo, los partidos políticos reflejan inconsistencia en el tiempo dado que no logran deconstruir para mejorar sino que optan por la creación de otros nuevos, tal que no se logra mantener los ejes de valores, principios e ideología con estabilidad. Además, en varias ocasiones, estos grupos se han involucrado en situaciones ilícitas que reducen su credibilidad frente al pueblo. Por ejemplo, Fuerza Popular, Podemos Perú y Frente Amplio fueron expuestos por emplear financiamiento de la ONPE en contratos sospechosamente ligados con cercanía a las agrupaciones, en lugar de destinarlo a capacitación e investigación (Gestión, 2021). Si tan solo el entorno es así, ¿qué puede esperarse de los candidatos adjuntos?

Pues, más allá de la carrera por la conquista del poder y de las instituciones, yace la escasa preparación de los candidatos que, contrariamente a velar por la mantención de la legitimidad y el bienestar del país, caen en el rechazo de las reglas de juego de la democracia, la falta de reconocimiento de sus adversarios y la promoción de la violencia política. Un caso ilustrativo es el de la empresa Odebrecht, la cual realizó una captura masiva de políticos dispuestos a cerrar tratos colusivos con tal de financiar sus campañas, inclinar la balanza y obtener consultorías. Y es que la profesionalización de la política ha dado paso a personas inescrupulosas que pretenden salir impunes de sus delitos, causando que se ahonde la mala percepción de los ciudadanos hacia las autoridades y el debilitamiento del aparato estatal (por ejemplo, enfrentamiento entre congresistas delatores de lo ilícito y funcionarios culpables, pero con poder) (Durand, 2018).

Ahora bien, esa clase de problemas estructurales generan grandes costos sociales y económicos. Según Acemoglu y Robinson (2012), ello se debe a los insuficientes incentivos por parte de los procesos políticos para una mayor prosperidad. Lo que se requiere es una sólida coalición que rete el presente poder y que gradualmente reduzca brechas de desigualdad a través de políticas eficientes. Así, se podrán tratar las necesidades de la población, iniciando desde la identificación del problema hasta la implementación, seguimiento y verificación de resultados. Un ejemplo exitoso fue el de Reactiva Perú cuyo objetivo fue mantener la cadena de pagos y ofrecer seguridades a las empresas peruanas durante la pandemia, de manera que cumplan con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores (MEF, s.f.).

En suma, el tener que enfrentar la situación política peruana no es irresponsabilidad de un solo agente en concreto sino de la combinación de todos los actores de la democracia. Por ende, debe fortalecerse primero el aparato institucional para que recupere su legitimidad y aprobación pública, superando el desinterés de los ciudadanos, la ausencia y fluidez típica de las políticas públicas y la participación deficiente y/o perjudicial de los partidos y políticos mismos. Solo así se podría romper el círculo vicioso mantenido desde inicios de los años 2000.

Referencias:

1. Levitski, S. & Zimblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

2. Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países. Bogotá: Ediciones Deusto.

3. Quiroz, A. Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

4. Levitsky, S. & Zavaleta, M. (2016). Why no Party-Building in Peru?. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Durand, F. (2019). Odebrecht: la empresa que capturaba gobiernos. Lima: Fondo Editorial PUCP.

6. Gestión. (2021). Revelan que partidos políticos financian consultorías, diarios y maestrías con fondos públicos. Lima: Diario Gestión.

7. Ministerio de Economía y Finanzas. (s.f.). Programa de Garantías “Reactiva Perú”. Lima: MEF.